
Editorial
El fin de un falso «proceso»
DESPUÉS de dos años de rearme ininterrumpido, ETA cometió ayer en Madrid un brutal atentado que quiebra por la base el «proceso» de negociación iniciado por el Gobierno socialista antes incluso del anuncio oficial de alto el fuego permanente, el 22 de marzo pasado. La gigantesca deflagración que demolió uno de los aparcamientos de la Terminal 4 del aeropuerto madrileño, causando dos desaparecidos y una veintena de heridos, es, a un mismo tiempo, la reafirmación de ETA en sí misma y el más claro desmentido a todos los discursos que han alentado engañosamente en la opinión pública española las expectativas de una paz que los etarras nunca han estado dispuestos a dar. Por tanto, no debería sorprender que ETA colocara ayer un coche-bomba sin un comunicado previo que revocara la tregua, porque para ETA, lo mismo que para Batasuna, este atentado también forma parte de lo que la banda terrorista entiende por «proceso político».
Para ETA, la confusión entre violencia y política es absolutamente natural y, por eso, Otegi declaró ayer que «el proceso político de solución al conflicto no está roto». El desparpajo inmoral de este proetarra, al que Rodríguez Zapatero llegó a reconocer un «discurso de paz» cuando aún permanecía en prisión provisional, refleja fielmente que ETA sólo quería un «proceso» que le permitiera alcanzar sin matar los objetivos por los que llevaba más de tres décadas matando. En absoluto cabe sorprenderse de lo que ayer hizo una ETA que en dos años ha robado toneladas de materiales explosivos y más de trescientas cincuenta armas cortas. El aumento de la violencia callejera, de la extorsión y de las amenazas por medio de «zutabes» y comunicados ha sido el umbral del atentado de ayer en Barajas.
Ahora se demuestra que ETA no habla nunca para «consumo interno» cuando afirma que la tregua es un recurso de su «lucha armada» o cuando hace de la autodeterminación y de Navarra condiciones inexcusables para el fin de la violencia. Tampoco ETA es esa banda terrorista intimidada por los efectos del 14-M ni, menos aún, seducida por la «oportunidad histórica» que representa un Gobierno español dispuesto a respetar la libre voluntad de los ciudadanos vascos. ETA sólo ha sorprendido a los incautos y a los necios, a quienes pensaban que los etarras habían dejado de ser terroristas y a quienes, aún peor, creían que, en el fondo, los etarras perseguían objetivos políticos legítimos que podían ahormarse en los cauces del diálogo. No han faltado aduladores de esta impostura ni coros sumisos a la ficción de que esta vez la tregua iba en serio. Al final, tanto compararse con el Gobierno de Aznar y esta tregua ha durado nueves meses, frente a los quince de la de 1998, y sin que el anterior Ejecutivo aceptara mesas políticas, ni rompiera el consenso con la oposición.
De este atentado, y de los que puedan seguirle, sólo ETA es culpable, porque únicamente los terroristas son responsables de sus actos y nada ajeno a ellos puede actuar como justificación o atenuación de sus crímenes. Nunca un gobierno democrático puede compartir el reproche que ha de recaer, en exclusiva, sobre los terroristas. Sin embargo, es imprescindible que el atentado de Barajas dé lugar a un cambio radical de la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero en relación con ETA. La política de apaciguamiento ha fallado, como era previsible, y si ETA atentó ayer no fue porque no haya habido cesiones, sino porque quería más que ya no están al alcance del Gobierno. Es al PSOE y al Ejecutivo a quienes corresponde iniciar una auténtica política de Estado que se fije como objetivo irrenunciable la derrota de ETA, sin condiciones ni matices, con los instrumentos policiales y judiciales del Estado de Derecho. Así resulta inadmisible que los emplazamientos se hagan al PP para que no utilice políticamente el atentado de ayer: no sólo Rajoy eludió en su comparecencia cualquier tentación partidista, sino que esa advertencia suena cínica en quienes protagonizaron la bochornosa noche electoral del 13 de marzo de 2004.
Existe una responsabilidad política por el origen y el desarrollo del proceso de negociación con ETA. Una responsabilidad que alcanza a los graves daños causados por decisiones concretas del Gobierno, con el apoyo incondicional del PSOE, de liquidar el pacto antiterrorista, de no utilizar la Ley de Partidos contra una Batasuna -que ni condena el atentado ni pide el fin del terror-, de aceptar la interlocución política de ETA y Batasuna en una mesa de partidos y de inocular en la sociedad española la confusión sobre quiénes son los partidarios de la paz y quiénes los de la violencia. Ha sido desde el Gobierno donde se ha dicho que no había indicios de que ETA se estuviera rearmando. Con juicios así, se desvela la incapacidad de discernimiento que aqueja al Ejecutivo para valorar a ETA como el peligro real y grave que representa para los españoles. Es, en definitiva, un problema de incapacidad para la responsabilidad de gobernar.
No es en absoluto suficiente lo que ayer anunció el presidente del Gobierno. Es más, sus palabras encierran una nueva oportunidad para la estrategia falsaria de los terroristas, cuando lo cierto es que ETA, aunque anunciara más treguas o altos el fuego, no merece más que respuestas policiales. No basta con que el jefe del Ejecutivo haya ordenado «la suspensión de iniciativas para el desarrollo del diálogo con ETA», porque el problema es que Zapatero no cancela la posibilidad del diálogo mismo con los etarras. El «proceso» está muerto y aunque reconocerlo así pueda ser -y lo es- un fracaso político del Ejecutivo que pactó la tregua con ETA, por dignidad nacional, el presidente del Gobierno tenía que haber asumido que, hagan lo que hagan los etarras en el futuro, no hay más opción que la derrota policial. Rodríguez Zapatero perdió ayer la ocasión de reactivar el Estado contra ETA mediante la recuperación de los grandes activos de la anterior política antiterrorista, como la vuelta al Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, la recomposición de relaciones con el PP y la declaración solemne del fin del diálogo. Para suspender las iniciativas del Gobierno, Rodríguez Zapatero ha tenido múltiples motivos y ocasiones en los últimos meses, desde los actos de «kale borroka» hasta el robo masivo de armas cortas. Ayer era el momento de darle la iniciativa al Estado y el presidente del Gobierno no lo hizo

