De cómo el PNV dialoga con los jueces

De cómo el PNV dialoga con los jueces
GermánYanke

Entre las tradiciones políticas del PNV está la de no conformarse con los argumentos jurídicos en los pleitos que le conciernen. En cuanto las cosas se ponen feas, ya sea por el posible resultado final de un proceso o porque pone de manifiesto ante la opinión pública alguna vergüenza, saca las huestes a la calle, enarbola las banderas y elige lemas para las pancartas que, en el fondo, nada tienen que ver con el asunto que se dilucida. Ayer, porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cita a declarar como imputado a Juan José Ibarretxe, salieron a la calle, apoyados por otros nacionalistas e IU, «en defensa de las instituciones».

¿Merecen los vascos, si lo hubiera o el PNV fuera capaz de formularlo, un argumento jurídico en defensa de las iniciativas del lehendakari? Parece que no. Basta con apelar al estómago saliendo a manifestarse contra unos jueces que, según la Asamblea Nacional del partido, se entrometen abusivamente «en el ámbito de la política democrática». El requiebro es espectacular porque el PNV parece desconocer la división de poderes de una democracia, la función judicial de garantizar el cumplimiento de la ley, el sistema de recursos y la necesidad, en el fondo, de que el «ámbito» de la actuación de los gobernantes no se amplíe más allá de las normas.

Pero hay que llenar las calles porque el nacionalismo apela, en estas tesituras, al «pueblo» y no a los argumentos. El PNV gusta de estos ejercicios. Si el argumento no es vistoso, se ensaya la presión con la disculpa de que los agraviados son la sociedad vasca (que quiere impulsar el diálogo en paz, sin intromisiones judiciales), el propio partido acosado, las instituciones... Lo hizo con espectacularidad un poco cursi cuando Juan María Atutxa y la mesa del Parlamento vasco fueron juzgados por negarse a disolver el grupo de Batasuna: paseo por la calle, discursos en las escalinatas, abrazos solidarios con los procesados, ataques a la nefasta judicialización de la política. Lo hizo también cuando se investigaba la colaboración de Gorka Agirre en la red de extorsión de ETA (meros contactos para verificar la tregua, dijo Ímaz), esta vez de modo un poco más hortera, pero con parecida escenografía, manifiestos, firmas y autoinculpaciones. En la imputación a Ibarretxe ya hubo antes movilizaciones de cargos electos, firmas y demás. Y, con cierto descaro, se dice que no se quiere presionar a nadie, sino «hacer un llamamiento a su conciencia» para que apoyen el «diálogo», que es lo que, en este esperpento argumentativo, los jueces «penalizan».

La presión más allá de la defensa jurídica tiene para los nacionalistas ciertas ventajas. Para todos ellos, en primer lugar, porque se trata de colocar a los jueces en el lugar que los políticos decidan. No para aplicar a la ley, sino para apoyar sus iniciativas en un ambiente de tensión y terror que está diezmando la judicatura vasca. En este caso, se les recuerda que el diálogo es el instrumento y que la acción política debe quedar exenta, tras esas «líneas rojas» que, con la imputación al lehendakari, dice el PNV que los jueces han atravesado. Para todos y para los más vociferantes de entre ellos porque, apelando al victimismo y a la movilización, secuestran a los moderados. Así ocurrió con Agirre, vinculado a Arzalluz y Egibar en la batalla interna del PNV. Así ocurre ahora con Ibarretxe que, en idéntica pelea, logra que se cierren las filas. Quería un papel en el «proceso»; ahora el de Imaz es ir tras él