Editorial: Cerrojazo socialista al Parlamento

Editorial
Cerrojazo socialista al Parlamento

LA sinceridad del Gobierno al ofrecer al PP un consenso antiterrorista no ha aguantado el primer asalto. El PSOE y sus aliados parlamentarios han echado el cierre al Congreso de los Diputados para evitar que se debatan las propuestas anunciadas por Mariano Rajoy contra ETA y el entramado batasuno. Los mismos grupos que embarcaron a la Cámara Baja en aquella resolución de mayo de 2005 a favor del final dialogado de la violencia niegan ahora al PP -es decir, a 148 diputados y casi diez millones de votantes- su derecho legítimo al debate parlamentario. No hubo problema en llevar al Congreso una resolución, pedida días antes por el diario «Gara», que fue la salida oficial de un proceso de negociación pactado tiempo atrás. Ahora, después de que ETA en su último comunicado afirmara que «las fuerzas democráticas deberían tener la osadía de marginar al PP-UPN y a la derecha fascista del Estado español y de desarrollar la segunda reforma del Estado», resulta que, para los socialistas, el Parlamento no es el foro adecuado para debatir el otro final del terrorismo, el de la aplicación de la Ley y de la Justicia. El cinismo con el que siguen pidiendo consenso y unidad quienes, al mismo tiempo, amordazan el Congreso supera todo lo imaginable.

Rajoy fue coherente al plantear proposiciones no de ley contra Batasuna. Es en lo que cree el PP y, a tenor de las encuestas, la gran mayoría de los ciudadanos, y es también el procedimiento más eficaz para acabar con los terroristas. Fue el Parlamento la institución que desarrolló el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, con reformas legales que arrinconaron a los terroristas -y a las que se opusieron los actuales aliados de Zapatero «contra» ETA- y con la aplicación política de la Ley de Partidos Políticos, mediante un acuerdo que instaba al Gobierno a ilegalizar a Batasuna. Por todo esto es preciso volver a hablar de antiterrorismo en el Congreso y que cada cual, con su voto -no con declaraciones equívocas, ni en corrillos de periodistas- se retrate ante los ciudadanos. La incoherencia y el doble juego están en la actitud del Gobierno, que ha encauzado la respuesta al atentado del 30-D por una clara renovación del diálogo con los terroristas y de la campaña de aislamiento del PP, es decir, los dos objetivos fallidos de Rodríguez Zapatero. La perseverancia en los mismos tendrá igual resultado, con una responsabilidad política del presidente del Gobierno agravada por gestos como el cerrojazo al Parlamento para que no debata lo que hoy es la prioridad de la sociedad española.

Una decisión tan antidemocrática como vetar al principal partido de la oposición sólo puede responder a un diagnóstico inquietante para el PSOE. Los socialistas temen un nuevo debate como el del último pleno extraordinario, en el que la ambigüedad del presidente del Gobierno y la solidez parlamentaria de Rajoy queden expuestas sin matices ante la opinión pública. Por otro lado, la insistencia del PSOE en sacar del Congreso de los Diputados la discusión que el mismo Gobierno introdujo en mayo de 2005 demuestra que para uno y otro el diálogo de los terroristas debe hacerse fuera de las instituciones y del sistema legal, y aun en contra de todos ellos, sean el Parlamento o los tribunales de Justicia. Contrasta esta actitud sin coraje ni sinceridad con la que otros gobiernos extranjeros han tenido en sus respectivos procesos de pacificación, como el colombiano, que llevó a su Asamblea Legislativa la llamada «Ley de Justicia y Paz», aprobada en junio de 2005 para la reinserción de terroristas que abandonaran las armas; o el británico, que sacó adelante una ley para la excarcelación condicionada de terroristas republicanos y unionistas. Al margen del juicio que merezcan los resultados de estas iniciativas legales y, en general, de los procesos de paz en los que se desarrollaron, lo cierto es que la transparencia y el respeto a las instituciones por parte de esos gobiernos fueron decisivos para atraer el apoyo de la oposición y de la opinión pública. En cambio, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está actuando como si el objetivo último y real del diálogo con los terroristas fuera imponerse al PP y no tanto el fin de la violencia. Y esta obsesión contra los populares parece haber producido un auténtica huida socialista de los debates parlamentarios, de la democracia misma.