Editorial: La izquierda y el nacionalismo avalan en la calle el «proceso de paz»

Editorial
La izquierda y el nacionalismo avalan en la calle el «proceso de paz»

EL día después de las manifestaciones convocadas por el Gobierno vasco, en Bilbao, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, junto con asociaciones de ecuatorianos, en Madrid -donde se oyeron más gritos contra el PP que contra ETA-, refleja el panorama de desunión anunciado por el empeño del PSOE de forzar la exclusión del PP o, en caso de que éste se hubiera sumado a las movilizaciones, la falsa apariencia de unidad bajo la batuta estadista de Rodríguez Zapatero. Por desgracia, la unidad de los demócratas que quieren la derrota de ETA -y que no son todos- está hoy más lejos que ayer. España debe ser el único país democrático en el que la agresión terrorista no produce un efecto agregador en torno a las instituciones y una decidida vocación de vencer a nuestros agresores. El comunicado leído al término de la manifestación por Almudena Grandes y la inmigrante ecuatoriana Lucía Rosero, tan fácil de ser compartido como hueco en su retórica, resultó un ejercicio estéril, porque no es con la palabra como se vence a ETA, sino colocando al Estado y sus instituciones frente al terrorismo de manera firme y decidida a través de la actuación de la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Bien está condenar a ETA, pero no es con líricos discursos como se logrará su derrota. Por eso, las manifestaciones de ayer no sirven como instrumento de presión contra la banda terrorista y sí de apoyo a un «proceso de paz» -avalado en las calles de Madrid y Bilbao por el nacionalismo y la izquierda- que se ha demostrado nocivo para los intereses generales del Estado y de una sociedad más dividida y enfrentada que nunca. En esta situación, quien gana y asiste complacida al espectáculo de confrontación que ha generado la política del presidente del Gobierno es ETA, muy cómoda ante esa «paz» de pancarta que exhibían ayer los manifestantes.

Por eso, de cara al pleno extraordinario de mañana en el Congreso, es preciso que el debate se centre en el contenido político de estos dos años y medio de mandato y en la evidencia de que el «proceso de paz» ha fracasado con estrépito porque ha derivado en el peor de los escenarios: ETA es más fuerte que hace tres años y la sociedad, más débil por su propia fractura.

El último atentado no ha servido para rectificar el rumbo político general del país -saturado de discordias-, pero tampoco para que el PSOE entre en razón y asuma la necesidad de contar con el PP para cualquier intento de reconducción de la lucha contra ETA. Si el PP tiene tanta capacidad para, según dicen, boicotear el «proceso de paz» y también las manifestaciones de ayer, lo lógico es que el Gobierno asuma que la fuerza política del PP es muy superior a la de sus socios minoritarios y que sin los populares no hay posibilidades de que el país avance. Esto es lo que explica que todos los consensos alcanzados entre la derecha y la izquierda hayan sido muy beneficiosos para España y que los pactos de interés particular del PSOE con los nacionalismos, en asuntos de Estado, hayan resultado un desastre.

Los españoles, hoy, siguen sin saber qué va a hacer el Gobierno con ETA. No con los etarras autores del atentado del 30-D, que, obviamente, serán detenidos antes o después en España o en Francia. Sino qué va a hacer con el entramado batasuno, con las causas judiciales en las que el Fiscal se ha apeado con el proceso en marcha («caso Egunkaria», por ejemplo), con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, con los interlocutores propios que vendían la paz como una realidad inmediata. Y, sobre todo, si el presidente del Gobierno sigue albergando la esperanza -para su futuro político y el de su partido- de retomar el diálogo con ETA y Batasuna. Ningún manifestante pudo salir ayer en Bilbao y Madrid con respuestas a estas preguntas, que son claves del futuro inmediato de España.