Editorial: Ley del cine proteccionista

Editorial
Ley del Cine proteccionista

EL Gobierno parece incapaz de controlar sus querencias intervencionistas. Se trata esta vez de la ley del Cine que prepara el Ministerio de Cultura, acuciado seguramente -al igual que otros departamentos- por la necesidad de ofrecer nuevos proyectos que permitan rellenar la agenda de una legislatura casi agotada. Los coeficientes de inversión obligatoria para la financiación anticipada de películas atentan contra la libre competencia y reflejan un proteccionismo que no es asumible en la realidad socioeconómica contemporánea. La cultura española no se defiende con favoritismos ni con subvenciones, sino mediante el fortalecimiento de las estructuras comerciales y una promoción inteligente en el ámbito internacional. Al final, la calidad se impone y el éxito en taquilla llega cuando los productos resultan atractivos para el público. «Alatriste», la película española más vista en 2006, es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, el Ministerio hace oídos sordos a las demandas de las televisiones privadas, que se reflejan en un duro comunicado de Uteca, en respuesta a esta nueva vuelta de tuerca que se les impone para financiar el cine español. En cambio, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) apoya sin reservas la propuesta ministerial, lo que demuestra que Cultura no ha sabido integrar los intereses en presencia sino que se ha inclinado claramente por una de las partes implicadas. Es un grave error estratégico en una época que exige de la administración la capacidad para negociar con los sectores implicados y buscar equilibrios razonables en el ejercicio de sus funciones reguladoras.

En este sentido, la ministra reconoce que el borrador de la nueva ley pide un mayor esfuerzo a las televisiones, sin que resulten convincentes los argumentos que lo justifican. La Constitución reconoce en su artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. En este contexto, obligar a que un sector financie a otro o supla sus debilidades o deficiencias es ajeno por completo al desarrollo de una competencia justa. Hace mucho tiempo que el proteccionismo está desprestigiado porque siempre termina por favorecer a los actores menos eficientes del sistema o a quienes procuran cobijarse bajo el paraguas del Estado frente al riesgo inherente a la libertad. Carmen Calvo ha dejado una puerta abierta a la negociación y, en este sentido, el Ministerio y las partes afectadas tienen el deber de intentar aproximar sus posiciones y buscar acuerdos razonables. Convendría, no obstante, que el proyecto de ley fuera ya aprobado por el Consejo de Ministros con el consenso básico garantizado, puesto que la situación política no invita al optimismo sobre futuros acuerdos a lo largo de la tramitación parlamentaria