La «loapilla»

La «loapilla»
IGNACIO CAMACHO

MIENTRAS las autonomías se sirven competencias a su gusto en la barra libre de los nuevos estatutos -hasta Castilla-La Mancha acaba de decretar por su cuenta la caducidad del trasvase Tajo-Segura-, el Gobierno trata de maquillar su dejadez con el anuncio de una ley de reordenación de competencias, destinada a ser el penúltimo fracaso de ese bienintencionado ministro que se llama Jordi Sevilla. Si la cartera de Administraciones Públicas constituye siempre un departamento fantasma, destinado a parir reformas que jamás se llevan a efecto en el endiablado puzle de un Estado gaseoso, en el Gabinete de Zapatero se trata de un Ministerio obsolescente, decorativo e inútil como un jarrón chino. Cuando el presidente es el primero que propicia un desparrame desquiciado de la estructura territorial, resulta de lo más extravagante que un ministro trate de recoger a posteriori el agua derramada del cubo que su jefe acaba de volcar a puntapiés.

Esa ley anunciada por Sevilla no es más que un cosmético y tardío voluntarismo jacobino, que en su enunciado viene a reconocer que al Estado se le está yendo de las manos su propio mecanismo de funcionamiento, pero sin que el Gobierno parezca dispuesto a reordenarlo de un modo efectivo. Empeño en el que, por cierto, han fracasado previamente tanto González con la célebre LOAPA como Aznar con su vano intento de cerrar el modelo autonómico con un traspaso masivo de competencias. Tras alentar un delirio soberanista en Cataluña y extenderlo irresponsablemente a los demás territorios en menú de autoservicio, Zapatero propone ahora una especie de autorregulación según su célebre principio del diálogo: que se pongan de acuerdo las autonomías. Ya se ha visto cómo funciona eso en las conferencias de virreyes, digo, de presidentes.

Lo que el Gobierno pretende es legislar sin modelo previo, es decir, sin definir el objetivo de lo que legisla. Es obvio que ninguna autonomía va a ceder competencias, y menos que ninguna las que pretenden -por ahora, País Vasco y Cataluña- trato bilateral, de igual a igual con el Estado. Así que la «ley Sevilla», de llegar a término, que no llegará porque se acabará antes el mandato, lo único que puede hacer es regular las citadas conferencias y el marco de la financiación. El marco, porque el cuadro es un cuadro propiamente dicho: sólo en los cuatro nuevos estatutos ya aprobados se ha adjudicado el 90 por 100 de las inversiones estatales.

Este carajal -Borrell dixit- no lo arregla una loapilla que ni siquiera van a aceptar esos regímenes autonómicos crecidos ante la manifiesta flaqueza de un Estado en proceso de licuación, sino que requiere un tirón de riendas hoy por hoy impensable bajo este Gobierno sin proyecto ni mapa, sin idea ni patrón. Y aun en el hipotético caso de que esa voluntad llegara a fraguarse, en el seno del PP o de un PSOE de improbable lucidez recobrada, apenas quedaría materia que reordenar tras la fragmentación emprendida. El daño ya está hecho con carácter irreversible: el agua derramada nunca vuelve a llenar el cubo volcado